Mucho revuelo ha provocado el llamado pin parental en las últimas semanas. Polémicas declaraciones políticas, rifirrafes entre periodistas, programas de televisión. Pero vemos que, sobre todo, las redes sociales han echado chispas. El Ministerio de Educacion se ha pronunciado públicamente en contra del pin. De hecho, la ministra Isabel Celaá compareció inmediatamente rechazando esta práctica que Vox ha propuesto inicialmente en la Comunidad de Murcia.

Lo que es en realidad el pin parental

Lo que sabemos objetivamente, tras leer la solicitud de la comunidad de Murcia, es que es una petición que los padres realizarían por escrito dirigida al director del centro educativo. En ella piden que se informe mediante una autorización, antes de que sus hijos reciban una actividad como talleres o charlas en las que se hable de cuestiones sexuales.

¿En qué se basan?

Los que creen que esta autorización es correcta argumentan que en el artículo 27 de la Constitución, en el punto 3 se dice expresamente: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.» La opinión contraria alude también a que en la Constitución se dice: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.» ¿Cómo resolver este conflicto? ¿Acabará en los tribunales?

¿Dónde se ha implantado este pin?

Sabemos que desde el pasado mes de septiembre este pin está funcionando en colegios de Murcia, donde el Partido Popular y Vox decidieron iniciar el curso con una resolución donde se daban instrucciones sobre este tema. Dado que hay comunidades donde Vox presiona a los partidos mayoritarios para que impongan el pin parental, como son Madrid o Andalucía, aunque a día de hoy no se ha implantado, este partido sí lo intenta exigir.

¿Por qué el gobierno se opone?

Como vemos, detrás de todo puede haber ideología. El Ministerio de Educación dice que es una intromisión en las atribuciones de los centros sobre decisiones curriculares y una censura previa por parte de los padres a las actividades del centro. Por este motivo, van a llevar a los tribunales esta propuesta de Murcia, además de hacerlo en las demás comunidades donde se implante.

Dice el Ministerio que es una objeción de conciencia solapada, y esta solo puede establecerse en los casos en los que la Constitución contempla. Por otro lado, la Ley de Violencia de Género y las leyes autonómicas de LGTBI dicen explícitamente que se debe dar este tipo de contenidos en los centros.

¿Qué dicen los padres?

Solo podemos basarnos en instituciones u organizaciones de padres. La CONCAPA está a favor. Esto era previsible pues son temas sensibles a este tipo de educación religiosa. Sin embargo, la Ceapa y toda la Plataforma Estatal por la Escuela Pública están en contra. Como vemos esto va por ideologías.

En definitiva, este tema es complejo, ya que influye mucho la ideología en estar a favor o en contra del pin parental. Habrá que estar atentos a los tribunales.